El modelo de monocultivos forestales en Chile genera una serie de impactos ambientales y sociales, tales como la pérdida de biodiversidad, contaminación del suelo, disminución de potencial hídrico en cuencas, riesgo de incendios de grandes magnitudes, condiciones laborales indignas y altos riesgos de accidentes en el trabajo. Ante esto, las grandes empresas buscan validarse en el mercado global a través de instituciones diversas y promocionándose bajo el concepto de Responsabilidad Social Empresarial.

La llamada Responsabilidad Social representa un saludo institucional a la bandera y jamás una herramienta de intercambio solidario y consiente de las necesidades de la población de los territorios en los que se han insertado los proyectos forestales. Con esto no se quiere plantear que la industria forestal chilena necesita más responsabilidad social y que la solución pase por esto, al contrario.

Hoy nos encontramos con una molestia multivariada que se materializa en la subcontratación laboral presente en la industria, sectores de plantaciones y servicios asociados a la alta densidad de monocultivo presentes en los territorios (Pinus radiata y Eucalyptus globulus), la falta de planes de manejo urbanos, el alto consumo de agua propio de las características de rápido crecimiento de la especie usadas, en fin, podemos seguir nombrando una serie de elementos para poner en el tapete dependiendo desde la vereda que analicemos el modelo forestal chileno.

Estos múltiples problemas nos ponen otra tarea a resolver para quienes somos críticos de éste modelo, es más, para quienes somos críticos del actual modelo chileno de producción, ya que las empresas forestales, mineras y salmoneras presentan patrones de comportamiento similares al momento de analizar sus conflictos sociales, ambientales y laborales. La dificultad radica en el cómo encontramos la problemática central de todos estos estadillos sociales y/o ambientales, donde radica la raíz del problema y como somos capaces de romper con las lógicas parceladas que separan lo ambiental de lo social o lo ambiental de la lucha anticapitalista o incluso entre lo ambiental y la lucha de clases. Es una necesidad poder superar el discurso que responde ante un hecho coyuntural y analizar el tema ambiental desde una perspectiva que pueda contribuir a una transformación social, dotar de contenido las problemáticas ambientales y llevarla a estadios mayores de análisis interdisciplinario y multisectorial.

Un poco de historia.

El modelo forestal chileno no nace con la monopolización de los capitales forestales ni menos con el DL 701 de Fomento Forestal, en esta etapa nace la forma neoliberal del actual modelo forestal chileno. Podemos hablar del inicio del modelo forestal chileno con la ocupación del territorio Mapuche por parte del Estado chileno a fines del siglo XIX, buscando transformarlo de sitios “salvajes” a territorios “productivos” con la quema de 580.000 hectáreas para “limpiar” los terrenos y sembrar trigo (Donoso y Lara, 1997). Es así es como se da inicio a una seguidilla de eventos que van dando forma al modelo forestal chileno.

La destrucción de ecosistemas prístinos tuvo repercusiones que hasta el día de hoy están presentes. Como se plantea en el artículo de Frêne y Núñez (2010) “Hacia un nuevo Modelo Forestal en Chile”, el transcurso de la colonización fue el proceso de deforestación más masivo y rápido registrado antes de la década de 1980 en América Latina (Veblen, 1983) y que no solo repercutió en el impacto en el uso de suelo y la perdida de flora y fauna nativa, sino que forjó una fuerte resistencia que marca a sangre y fuego la historia de los pueblos. Ya en la década de 1950, y con la política de reforestación de áreas degradadas y abiertas, se da paso a la creación de Forestal Arauco, Celulosa Arauco y Celulosa Constitución, todas empresas Estatales creadas con la iniciativa de CORFO (Otero, 2006), la finalidad era diversificar la economía, recuperar suelos degradados y sectores con procesos de desertificación avanzados. Luego del golpe militar nace el DL 701 de Fomento Forestal en 1974 que permitió la forestación de 822.428 hectáreas entre las regiones del Maule y Los Lagos (AGRARIA, 2005) distribución que aún se mantiene con el mismo patrón donde entre estas regiones se concentra el 80% de las plantaciones forestales (CONAF 2011). Junto con esto durante los años 1985 y 1989 se da paso a la privatización de las empresas Estatales dando origen a los principales consorcios que hoy controlan el negocio forestal: ARAUCO y CMPC.

Durante los gobiernos democráticos la acumulación de capital de estos conglomerados se vio acrecentada cada vez más gracias al fomento forestal entregado, llegando a tener un record de exportaciones en el 2014 de 6.000 millones de dólares, aun así el gobierno de la actual presidenta permite la prórroga del DL 701 de Fomento Forestal desembolsando 54 millones de dólares en el periodo 2016-2018 (González, 2015). Junto a esto un nulo control territorial de los predios forestales, las laxas políticas ambientales, el subcontrato que alcanza un 42% en áreas productivas, de transporte y servicios (Díaz et al. , 2007)y salarios indignos donde un 82% de los trabajadores del rubro se encuentra bajo la línea de pobreza (Andrade, 2007), dan funcionamiento al modelo forestal chileno, donde las promesas de desarrollo y trabajo se contraponen con la realidad de miles de trabajadores y comunidades.

La historia del modelo forestal chileno tiene una estrecha relación con el despojo y el desalojo. Dos modos de ver el uso de la tierra se mantienen en una constante contradicción donde el “progreso” y el “desarrollo” se comprenden como la capitalización de las ganancias y la sociabilización de los problemas.

El conflicto.

Las grandes extensiones de plantaciones de monocultivo son solo una parte de la industria forestal, la madera por sí sola no genera las ganancias estratosféricas del rubro. Es en las plantas de celulosa donde se genera la riqueza. En Chile existen distintas empresas forestales productoras de madera, sin embargo toda esa masa forestal llega, de manera directa o indirecta, a través de pequeños y medianos propietarios a las plantas de celulosa de CMPC y ARAUCO.

Por ende, comprender la dimensión de una empresa no debe solo estar limitada a las instalaciones por si solas, sino todo el territorio que es parte de la cadena de producción. En ese sentido las casi 3 millones de hectáreas de plantaciones forestales en la zona centro-sur de Chile representan un área de influencia de esta industria con riesgo de generar impactos permanentemente.

La pérdida de bosque nativo, el secado de cuerpos de agua, el desalojo da la población, las paupérrimas condiciones laborales, los incendios forestales, los desechos de las celulosas que contaminan ríos, los accidentes laborales, entre muchos otros elementos, son impactos directos y propios del modelo forestal, son parte de la producción y considerados dentro de sus pérdidas anuales. Por otro lado los efectos indirectos como el desplazamiento de comunidades del campo producto de la degradación del suelo y la falta de agua, el efecto sobre el desarrollo de las comunidades agrícolas y campesinas, el conflicto con las comunidades Mapuche por el despojo de tierra, la expropiación del trabajo y el aumento de la pobreza, son parte de los efectos de un modelo que irradia el entorno social de manera negativa.

La falsa generación de trabajo, la alusión de la sustentabilidad de la actividad forestal y el progreso de las comunidades es parte del discurso ornamentado por la supuesta responsabilidad social y las certificaciones de papel, discurso orquestado por la idea del derrame económico que si al empresariado le va bien, al trabajador y las comunidades también.

Estos elementos, y muchos más que se pueden analizar, no son cuestiones que hoy en día salgan a la luz pública por los hechos coyunturales que enfrenta la industria forestal, al contrario, estos elementos se vienen acusando hace muchos años atrás, pero no han tenido cabida en los medios oficiales de comunicación. Los movimientos sociales y políticos, comunidades, académicos y organizaciones internacionales, viene evidenciando el fracaso del modelo forestal chileno. Las denuncias del despojo de tierras a comunidades y la respuesta de recuperación se vienen dando hace años. A fines de los 1990 se desencadenó un nuevo conflicto entre comunidades Mapuche y las empresas forestales, donde la principal causa es la incompatibilidad de las plantaciones de monocultivo con las poblaciones humanas donde, como lo plantea Ramón Llanquileo (2015) en entrevista con Diario UChile, “… la idea es romper el sistema de opresión y recuperar espacios con la reconstrucción de LOF (territorio) y, también de los AYLLA REWE (territorios ancestrales): “tenemos que ser realistas. No tenemos la fuerza para la independencia hoy día, quizás nuestros hijos la puedan tener, pero no nos negamos a esa posibilidad”. Esta incompatibilidad ante la peligrosidad en la cercanía de las plantaciones a zonas urbanas y su falta de resguardo para la población y los ecosistemas fue advertida por Donoso y Otero (2005) señalando que controlar los incendios es tarea de CONAF pero que esta labor de cuidado de los ecosistemas no es central en la institución.

La falta de agua, la degradación del suelo y los impactos ambientales que eso conlleva se visualizan también hace un tiempo. Little y Lara (2010) identifican el cambio de uso de suelo como uno de los principales factores que limitan la disposición hídrica dado principalmente por el cambio de la cobertura vegetal del suelo que impacta en las tasas de evapotranspiración (Huber et al., 2008) y un aumento en el 10% de plantaciones forestales en cuencas reducen un 20% los caudales en verano (Lara et al., 2009). En definitiva, lo que está sucediendo hoy en día no es más que el reflejo de lo que la ciudadanía y la ciencia han advertido, hoy lamentablemente estamos en una etapa de no retorno en términos ambientales.

Los incendios que afectan la zona centro sur de Chile no solo vienen a corroborar las denuncias de los movimientos sociales y políticos, sino que además dejan en entrever la relación entre la institucionalidad del Estado y las empresas privadas. Desde 1992 hasta el 2008 descansó en el congreso la Ley de Recuperación y Manejo de los Bosques Nativos, ley que es un avance (en comparación con no tener una legislación sobre el tema) pero que sigue planteando falencias como la bonificación a la forestación nativa versus la bonificación con el DL 701 de Fomento Forestal, elemento de la dictadura que aún sigue vigente, la vaguedad de la ley que sigue permitiendo las malas prácticas empresariales y la falta de participación ciudadana (Luengo, 2014) que viene siendo un reflejo de la democracia restringida que tenemos. La falta de una política de respuesta ante emergencia queda en evidencia cada vez que un suceso natural o humano ocurre en el país, ya sea terremotos, tsunamis, aluviones, inundaciones, incendios, son una clara muestra que el Estado no puede reaccionar de manera rápida y efectiva ante estos hechos, es cierto que hay elementos que son “sorpresivos” como las catástrofes naturales, pero el origen humano de los incendios forestales han demostrado que ni los privados, dueños de las plantaciones, ni el Estado pueden asegurar el resguardo de la población ante estos hechos. No es concebible mantener un modelo forestal de alto impacto dentro de un territorio sin que se pueda asegurar su control en caso de incendio, más aun cuando se conoce la biología de las especies que componen el monocultivo, especies por lo demás altamente inflamables. Pero la solución no significa tan solo tener un plan de emergencia que asegure a las comunidades, la falta de gestión territorial, la facilidad de mantener el negocio por parte de los gobiernos tanto de Derecha como Concertacionistas-Nueva Mayoría y su fomento institucional por medio del DL 701 de Fomento Forestal, son parte de la raíz del problema.

Las empresas forestales son las responsables de la catástrofe ambiental y social en el territorio, pero también lo es el Estado que le da luz verde a sus proyectos. Hoy en día no es necesario fomentar el negocio forestal con platas del Estado, tampoco permitir el libre funcionamiento en territorios sometiendo a masas de gente a convivir con un modelo que no asegura el bienestar social ni ambiental ni menos la seguridad ante incendios, sobre todo en comunas de la Región del Biobíocon un altos porcentaje de superficie de monocultivos como por ejemplo Curanilahue donde el 69% de la superficie son plantaciones forestales mientras que el 13% son de bosque nativo (PLADECO comuna de Curanilahue 2011).

Hoy es el momento de cuestionar el modelo forestal chileno y su modo de producción. Las miles de hectáreas arrasadas por el fuego, pueblos reducidos a cenizas, la gente que perdió sus hogares y su fuente de trabajo no pueden volver a convivir con este monstruo que por años fue alimentado por el Estado y que hoy, capitaliza las ganancias y sociabiliza las perdidas.

Incendio en valle Nonguén. Concepción, enero 2014.

La industria forestal está enraizada en nuestra economía, es parte de nuestro paisaje y parte también del financiamiento de la política y de los casos de corrupción y de colusión. La industria forestal llegó y se quedará si no somos capaces de enfrentarla. La expulsión completa de los predios forestales, un mayor control institucional, un nuevo modelo forestal, la expropiación y estatización de la industria, el control territorial de los predios, la derogación del DL 701 de Fomento Forestal, son parte de las propuestas planteadas por distintas organizaciones, comunidades, académicos, entre otros, cada una dependiendo de la relación que se tenga con la industria, sin embargo el punto común que las une a todas es que no queremos una industria forestal que mantenga estas lógicas capitalistas de producción en nuestros territorios.

El debate estará abierto, la necesaria unificación de las propuestas es la tarea titánica que los pueblos pueden asumir, por ende la unidad de los actores sociales bajo un programa de transformación radical de la sociedad debe asumir también la incorporación de estos y muchos otros elementos más que chocan con las lógicas extractivista del modelo de producción primario exportador chileno. Hoy son las empresas forestales el centro de atención, también serán las empresas mineras, salmoneras, entre otras. Levantar la demanda por la sustentabilidad de los territorios es también levantar la bandera de la soberanía territorial, que de una vez por todas pueda recuperar la dignidad nacional de asumir que somos nosotros, el pueblo en su conjunto, el que debe decidir el futuro de su producción, que se levante el pueblo mediante las herramientas de trabajo y que retome el necesario camino de la independencia de los poderes facticos que controlan nuestros destinos. Antes fueron los españoles y los colonos los que atentaron contra nuestro pueblo, hoy sonlas empresas extractivista las que nos arrebataron todo. Debemos comprender que no son monstruo de varias cabezas, no son tampoco seres de otro planeta los que generan este conflicto, son hombres y mujeres que defienden sus intereses de clase a costa de las mayorías sencillas de nuestro pueblo, comprando a los políticos, ofreciendo favores y decidiendo sobre nuestros destinos. Son tiempos de unidad, pero sobre todo tiempos de confrontación, recuperar lo nuestro es un deber y no debemos bajar los brazos hasta ver a nuestros pueblos libres, decidiendo y empoderándose en cada rincón de nuestro país.

Referencias:

AGRARIA. 2005. Evaluación de Impacto. Programa bonificación forestal DL 701. Ministerio de Agricultura. CONAF. Santiago de Chile. 226 pp.

Andrade O. 2007. Cámara de Diputados, Legislatura 355ª, Sesión 50ª, miércoles 11 de julio de 2007 (Especial de 19.04 a 21.11 horas). Redacción de Sesiones, Publicación oficial. Valparaíso, Chile. 27 pp.

CONAF. 2011. Catastro de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Sección de Monitoreo de Ecosistemas Forestales. CONAF. Santiago. Chile

Díaz E., D. López y V. Riquelme. 2007. Los derechos laborales del tratado de libre comercio Chile-Estados Unidos en la Industria forestal y en la industria del salmón. Cuaderno de Investigación Nº32. División de estudios, Dirección del Trabajo, Santiago, Chile. 108 pp.

Donoso C. y A. Lara. 1997. Utilización de los Bosques Nativos en Chile: Pasado y Presente, en Ecología de los bosques Nativos de Chile, capítulo 19, J.J. Armesto, C. Villagrán y M.K. Arroyo (editores), Editorial Universitaria, Santiago, pp. 363-368.

Donoso P. y L. Otero. 2005. Hacia una definición de País Forestal: ¿Dónde se sitúa Chile? Bosque 26(3): 5-18.

Frêne C. y Núñez M. 2010. Hacia un nuevo Modelo Forestal en Chile. AIFBN – Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo. REVISTA Bosque Nativo 47: 25 – 35.

Gonzales F. 2015. En: http://www.latercera.com/noticia/dl-701-en-40-anos-70-de-aportes-fueron-a-grandes-forestales/

Huber A, A Iroumé, J Bathurst. 2008. Effect of Pinus radiata plantationonwater balance in Chile. HydrologicalProcess 22: 142-148.

Lara A, R Villalba, R Urrutia. 2008. A 400-year tree-ring record of thePueloriversummer-fallstreamflow in theValdivianrainforest eco-region, Chile. ClimaticChange 86: 331-356.

Little, C. y Lara, A. 2010. Restauración ecológica para aumentar la provisión de agua como un servicio ecosistémico en cuencas forestales del centro-sur de Chile. Bosque (Valdivia),vol.31, no.3, p.175-178. ISSN 0717-9200.

Llanquileo R. 2015. En: http://radio.uchile.cl/2015/11/19/ramon-llanquileo-hoy-los-mapuches-peleamos-contra-las-forestales/

Luengo S. 2014. A cinco años de la promulgación de la ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal: ¿Son las normas de protección ambiental contempladas, un instrumento efectivo para el fomento de la conservación del bosque nativo?. BEGEO, 2014, Nº 1: 48-57.

PLADECO comuna Curanilahue. 2011. Plan de Desarrollo Comunal Comuna de Curanilahue 2011-2015: Informe Final. 144 pp.

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